ÁGORA 2.0

1 INTRODUCCIÓN

NOTA. Las referencias históricas que aparecen en este comentario tienen únicamente el objetivo de situar el contexto aproximado o general de cada época concreta, sin más pretensiones.

El término democracia proviene del antiguo griego (δημοκρατία) y fue acuñado en Atenas a principios del siglo V a. C. a partir de los vocablos δῆμος (demos, que puede traducirse como «pueblo») y κράτος (krátos, que puede traducirse como poder o gobierno). Sin embargo, la significación etimológica del término es mucho más compleja. El término «demos» parece haber sido un neologismo derivado de la fusión de las palabras demiurgos y geomoros. Plutarco señalaba que geomoros y demiurgos eran, junto a los eupátridas, las tres clases en las que Teseo dividió a la población libre del Ática (la población estaba integrada también por los metecos, esclavos, y las mujeres). Los eupátridas eran los nobles, los demiurgos eran los artesanos y los geomoros eran los campesinos. Estos dos últimos grupos, en creciente oposición a la nobleza, formaron el demos. Textualmente, entonces, «democracia» significaría «gobierno de los artesanos y campesinos», excluyendo expresamente del mismo a nobles y esclavos, así como a las mujeres.

No obstante, la democracia también puede definirse a partir de la clasificación de las formas de gobierno realizada por Platón, primero, y Aristóteles, después, en tres tipos básicos: monarquía (gobierno de uno), aristocracia (gobierno “de los mejores” para Platón, “de los menos”, para Aristóteles), y democracia (gobierno de la multitud para Platón y “de los más”, para Aristóteles).

Algunos pensadores consideran la democracia ateniense como el primer ejemplo de un sistema democrático. Otros pensadores han criticado esta conclusión, argumentando por un lado que, tanto en la organización tribal como en antiguas civilizaciones en todo el mundo, existen ejemplos de sistemas políticos democráticos, y por otro lado que solo una pequeña minoría del 10% de la población tenía derecho a participar de la llamada democracia ateniense, quedando automáticamente excluidos la mayoría de trabajadores, campesinos, esclavos, y las mujeres.

La democracia fue la forma de gobierno que empezaron a darse los atenienses hacia principios del siglo VI AC, alcanzando su máximo esplendor con Pericles. Por aquel entonces Grecia no era un estado tal como hoy lo conocemos. La península del Peloponeso estaba formada por un conjunto de ciudades-estado que constituían cada una un núcleo de población, la ciudad propiamente dicha, rodeada de grandes extensiones de terreno donde se producía lo necesario para el abastecimiento de la ciudad e incluso vender excedentes a terceros. Es decir, el soporte geográfico y demográfico de aquellas ciudades-estado, donde surgió la democracia, no tenía en absoluto nada que ver con el de la nación-estado actual.

En un lugar central de estas ciudades existía una gran plaza, el “ÁGORA”, alrededor de la cual solían erigirse los edificios públicos y donde cada nueve o diez días se reunían los ciudadanos con derechos políticos suficientes para decidir sobre las cuestiones de gobierno, que ejecutaba un consejo o gobierno previamente elegido y al que se le exigían las responsabilidades propias de su gestión. Esta situación se mantuvo hasta la invasión romana, que aplicó sus propios métodos políticos y de gobierno.

La oscura Edad Media feudal, que siguió a la caída del Imperio Romano, terminó con la llegada del Renacimiento y la Ilustración posteriores, y los movimientos sociales, culturales, políticos y religiosos que trajeron consigo. A partir de entonces comenzaron a conformarse los estados modernos, muchos de ellos como actualmente los conocemos. Fue entonces cuando, sobre todo en los países anglosajones, surgió de nuevo la idea de los gobiernos democráticos, eso sí, con muchas restricciones, imperfecciones y limitaciones de gestión y voto respecto a lo que hoy conocemos, pero democracias en definitiva.

En síntesis, el significado del término democracia ha cambiado con el tiempo, y la definición moderna ha evolucionado mucho, sobre todo desde finales del siglo XVIII, con la sucesiva introducción de sistemas democráticos en muchas naciones, y aún más a partir del reconocimiento del sufragio universal y del voto femenino en el siglo XX. Hoy en día, las democracias existentes son bastante distintas al sistema de gobierno ateniense del que heredan su nombre.

Pero había una diferencia fundamental de forma, que no de fondo, respecto a la democracia griega, consistente en que no se podían reunir todos los habitantes de un estado en una plaza o en un lugar concreto. No hubo más remedio que elegir a unos ciudadanos – parlamentarios los llamamos ahora – para que actuasen como representantes del resto de sus conciudadanos en los asuntos públicos y de gobierno.

Por consiguiente, hay democracia directa cuando la decisión es adoptada directamente por todos los miembros del pueblo. Tenemos democracia indirecta o representativa cuando la decisión es adoptada por personas reconocidas por el pueblo como sus representantes. Por último, hay democracia participativa cuando se aplica un modelo político que facilita a los ciudadanos su capacidad de asociarse y organizarse de tal modo que puedan ejercer una influencia directa en las decisiones públicas, o cuando se facilitan a la ciudadanía amplios mecanismos plebiscitarios. Estas tres formas no son excluyentes y pueden integrarse como mecanismos complementarios.

La humanidad no cesa de progresar, de evolucionar. Después de la Revolución Industrial y la aparición del maquinismo y la moderna tecnología, ha entrado de lleno en nuestras vidas la Revolución Digital, cuyas prestaciones futuras son hoy inimaginables. Y en ella estamos. No es en absoluto descartable que en un futuro no muy lejano – probablemente bastante inferior a una generación – nos llevará de nuevo a la DEMOCRACIA DIRECTA Y PARTICIPATIVA y a un gobierno CUASI-DIRECTO, de manera que los ciudadanos podrán participar en los asuntos públicos y de gobierno en tiempo real de igual modo que lo hacían los antiguos griegos; pero a través del uso de algún “item” personalizado del que cada ciudadano dispondrá y cuyo trucaje será sencillamente imposible. La moderna tecnología resolverá con éxito y garantías este asunto primordial.

2 ¿HACIA QUÉ DEMOCRACIA NOS DIRIGIMOS?

EL TREN ETERNO

—¡Alto el tren!—Parar no puede.

—¿Ese tren á dónde va?

—Por el mundo caminando

—En busca del ideal.

—¿Cómo se llama?—Progreso.

—¿Quién va en él?—La humanidad.

—¿Quién le dirige?—Dios mismo.

—¿Cuándo parará?—Jamás.

Manuel de la Revilla

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA y DEMOCRACIA REPRESENTATIVA

¿Volveremos a la democracia directa y participativa, sin abandonar la democracia indirecta o representativa?

Antes de exponer lo que esta propuesta es, habría que dejar claro lo que no es. No tiene nada, absolutamente nada que ver con el llamado voto electrónico. La votación electrónica es un asunto meramente técnico que en su día, con tecnologías suficientemente maduras, se implantará sin trascendencia alguna. Así se conseguirá conocer los resultados finales de unas elecciones solo unas horas antes de lo que en la actualidad, o incluso en tiempo real. Nada más, ahí se acaba todo.

Por el contrario la presente propuesta es políticamente trascendente, aunque esté fundamentada en un soporte técnico, siendo esto último simplemente un accidente.

We all need to be in tune with the times”. Esto es lo que dicen los anglosajones y que nosotros, y creemos que todos, nuestro partido incluido, compartimos. También lo dijo nuestro poeta, en castellano, lo mismo en el fondo pero mucho más elegante en la forma, Manuel de la Revilla.

La DEMOCRACIA DIRECTA, VIRTUAL, ELECTRONICA, DIGITAL O PARTICIPATIVA como nos gustaría llamarla, se acerca a la misma velocidad que lo hizo la telefonía móvil, por poner un ejemplo entre muchos. Va a llegar muy pronto aunque a algunos no les guste, no alcancen a comprenderla o simplemente la teman. Por lo tanto hay que estar preparados, no solo para recibirla, sino para ir a buscarla, traerla de la mano y presentarla en sociedad. Hay que tomar una actitud positiva y una posición activa, quien no lo haga de esta forma por temor, comodidad o estrechez de miras se arrepentirá, pronto y mucho. Del mismo modo que las relaciones e interrelaciones económicas y empresariales son ya en su práctica totalidad virtuales, también lo acabarán siendo las políticas.

FUNDAMENTOS DE LA PROPUESTA

Esta propuesta se sustenta en los siguientes puntos básicos:

1.-Es ideológica y políticamente aséptica. No pretende modificar un solo ápice la estructura del régimen democrático de nuestro país, ni de nuestro partido.

2.-Es de elemental sentido común que la propuesta solo podrá entrar en vigor cuando las soluciones técnicas necesarias para su implantación estén definitivamente resueltas y testadas.

3.-No es en absoluto un sistema de votación electrónica, es mucho más.

4.- La Constitución Española favorece la participación del ciudadano en la vida política. La vigente Ley Electoral ya abre el camino para determinadas actuaciones en la dirección apuntada.

Aunque es nuestro objetivo la concisión y la brevedad de la exposición, en aras del mejor entendimiento del razonamiento empezaremos por una

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A) TEÓRICOS

Lo que en este apartado se expone no es más que una síntesis argumental para reforzar el razonamiento. Nada más.

*La democracia nace en la antigua Grecia, organizada en ciudades-estado.

*Su pequeño tamaño geográfico y demográfico les permitía reunir a “todos” los ciudadanos en sus respectivas ágoras, donde por mayoría de los ciudadanos reunidos con derecho a voto y constituidos en asamblea decidían acerca de los asuntos de gobierno más importantes.

*Estamos, pues, ante una democracia directa y participativa. “Todos” los ciudadanos deciden con su voto los asuntos de estado cuando el gobierno de la ciudad los convoca.

*Con el tiempo desaparecen las ciudades-estado en Grecia, y con ellas la democracia, y aparecen las tiranías, satrapías, monarquías absolutas, dictaduras, etc.

*Trascurridos muchos más años, y cuando finaliza el orden feudal, aparece el estado-nación. Con él y con lentitud advienen las primeras regresiones democráticas. Pero esos nuevos estados-nación son demasiado grandes para poder convocar a todos los ciudadanos y, por lo tanto, los primeros atisbos democráticos tenían que tener forzosamente el carácter indirecto o representativo.

*De esta forma, mejor o peor, con aciertos y errores, se ha venido funcionando hasta nuestros días. Nadie en el mundo civilizado cuestiona hoy la democracia como sistema de gobierno.

*Pero ahora, de manera inesperada, una revolución tecnológica nos lleva a la posibilidad de contemplar el regreso a los inicios de la democracia practicada en las ciudades-estado griegas. Entiéndase, a la democracia directa o participativa.

Esto es, planteado con una insultante simplicidad, el fundamento teórico de los asuntos prácticos que vienen a continuación.

B) PRÁCTICOS

*No podemos – los ciudadanos y el país – perder el tren del progreso. Hay que estar con los tiempos que corren y hasta donde la razón y sentido común aconsejen, anticiparse.

*En España la clase política, dirigente o no, está muy desprestigiada entre la ciudadanía. También todo lo que de ella se deriva: partidos políticos, instituciones públicas, administraciones, fundaciones, etc.

*Existe un claro y arraigado sentimiento popular de que los políticos solo se acuerdan de los ciudadanos cada cuatro años. Los que no ejercemos de políticos, aunque tengamos vocación de ello, que pisamos la calle de forma anónima y somos observadores de la realidad que nos envuelve, conocemos perfectamente la gravedad de esta situación probablemente, y dicho con todo respeto, mejor que los políticos de élite, por razones obvias.

*La situación económica es grave. La ciudadanía lo sabe y sabe también que este no es un problema exclusivo de España, es un problema global y, aunque cueste creerlo, no descargan todas sus iras contra la clase política ni contra los gobiernos. Su indignación está más centrada en el desprecio que la gente del común cree que se siente hacia ellos por parte de la clase política dirigente y en los escándalos derivados de la corrupción, del nepotismo y del abuso de poder y, en algunos casos, de mala gestión de gobierno. Esta situación no se arregla con buenas palabras, se necesitan hechos y realidades. Las promesas no venden, nadie las compra ya. En definitiva, se necesita recuperar, con acciones, la CONFIANZA de los ciudadanos.

*Desde el punto de vista del Marketing Comercial y Político más elemental, lo que garantiza el éxito del lanzamiento de un producto es ofrecerle al cliente – la ciudadanía en este caso – precisamente la clase de producto que demanda, y no el que el fabricante – aquí el político – considera que es lo mejor para él mismo y su entorno en primer lugar (esto me ayudará a ganar las próximas elecciones), y para el pueblo llano a continuación. La realidad social y económica esta en la calle, aunque es fija y por lo tanto es un dato a corto plazo, es igual para todos, pero se interpreta de formas muy diferentes desde un despacho perfectamente enmoquetado donde esa información de la realidad les llega a los “tomadores de decisiones” a través de sesudos y costosísimos informes y dictámenes de todo tipo, y que en su mayoría cuentan lo que saben que el que paga, el partido en este caso, quiere escuchar o quiere que le cuenten. De no ser así puede peligrar el jugoso contrato.

Por otra parte la interpretación que desde el día a día de la calle hacen más de treinta y cinco millones de españoles (potenciales votantes) de esa misma realidad no tiene nada o muy poco que ver con lo que dicen los despachos. Parodiando lo que decían hace años los warning cinematográficos “cualquier parecido de una interpretación de la realidad con la otra es pura coincidencia”.

Naturalmente que la clase política dirigente sabe que todos los votos se computan por igual, pero cuando ejercen el poder, desde el gobierno o desde la oposición, no importa, parece que les traiciona el subconsciente y es precisamente ese subconsciente dañado o muy dañado el que les hace pensar sin pensar que su voto, y el de los ministros y altos cargos, importantes directivos, famosos y famosillos, empresarios de éxito y el etcétera que todos conocemos, tiene más valor. Pero siempre ocurre lo mismo, cuando se les acusa de esta realidad (a la clase política dirigente) no solo lo niegan con energía e incluso con agresividad y algunas ocasiones de manera desafiante y con amenazas. Después de treinta y cinco años de democracia esto ya no cuela y hay que pisar calle, mucha calle para tenerlo claro, no solo para saberlo, que lo saben, sino para asimilarlo y digerirlo, que no lo han hecho todavía. Y esta es, expresada de una forma quizás un poco cruda, la realidad como la vemos desde abajo. En este momento el ciudadano necesita creer que se cuenta o que se va a contar con él de forma seria y tangible y dejar de sentirse ninguneado. En definitiva, hechos y menos palabras.

¿A QUIÉN NOS DIRIGIMOS?

1.- A los partidos que ejercen el poder. Pues solo con poder se pueden cambiar las cosas. También nos dirigimos a los ciudadanos responsables.

2.- Porque como profesionales del ramo, conocemos el principio marketiniano que dice que es más importante ser el primero que ser el mejor. En definitiva, la clave del éxito esta en ser el primero.

3.- Porque una propuesta como esta pone en sus manos un arma o una herramienta política que bien gestionada puede ser muy potente, y beneficiosa para todos.

4.- Porque da imagen de vanguardia y de viveza – que tiene ideas innovadoras – que piensa en el futuro, y no solo en conservar y administrar lo que ya tiene. Como esta realidad, guste o no, se entienda o no, esta a la vuelta de una esquina muy cercana, con una simple rueda de prensa presentando un poco más, muy poco más, de lo que aquí se expone, quedará para los anales de la intrahistoria política que fuimos los primeros en plantear con un mínimo de seriedad este apasionante asunto. Ya hemos detectado algún rumor proveniente de algunas formaciones. Este asunto puede ser cuestión de días. Dicho está.

5.- Porque da imagen de transparencia real en la gestión y de la voluntad de que la ciudadanía tenga ocasión de tener una mayor participación y responsabilidad en la toma de decisiones importantes de gobierno. Junto con la transmisión del deseo de compartir – desprenderse en definitiva – de parte del poder que tiene la clase política dirigente. Si esta idea se sabe comunicar bien a la ciudadanía, puede tener una eficacia y una rentabilidad política de altos vuelos.

6.- Porque ayudaría mucho a desmontar las acusaciones populares en el sentido de que los partidos son ultra conservadores, regresistas, cavernícolas y otras lindezas por el estilo.

Como prueba que avala lo anterior, cabe recordar que tanto Aznar como Rajoy, con la inteligente política de incorporar a la mujer a las más altas responsabilidades de gobierno, han acallado las acusaciones de machistas que durante tiempo sufrió su partido. Luego estas políticas sí que funcionan.

7.- Porque el temor a una mayor transparencia y a un mayor control solo lo tienen los mediocres. Si las cosas se hacen bien no hay porque temer al control y a la transparencia, y se hacen mal, cuanto antes se detecten y se descubran mejor para todos. Para España, para el partido en su conjunto y también para los políticos responsables.

8.- Porque aprovechando las existentes estructuras de los partidos, lanzar esta propuesta cuesta muy poco dinero. Prácticamente nada.

3 CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Con relación a la presente propuesta, además de la vigente Constitución Española, es de reseñar la LEY ORGÁNICA 4/2006, de 26 de mayo, de modificación de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular. Asimismo, existen disposiciones legales sobre Participación Ciudadana en diferentes comunidades autónomas, aunque ninguna de carácter estatal.

La Constitución Española conforma al régimen político español como una democracia representativa. La participación popular en el gobierno del Estado y en la gestión de la cosa pública se encauza, básicamente, mediante la elección de representantes populares en los órganos de gobierno, que alcanza su máxima expresión en las elecciones legislativas, en las que el pueblo designa a sus representantes en las Cortes Generales.

Ello no es óbice para que, siguiendo la tendencia de los más modernos estados democráticos, la Constitución Española se proponga, como señala en el número 2 del artículo 9, intensificar la participación de los ciudadanos y de los grupos en la vida pública. La norma fundamental articula, para ello, varias formas de participación directa de los ciudadanos. En el Anexo 1 al presente documento se han presentado extractos literales de la Constitución Española, relevantes a fin de valorar la presente propuesta.

En esta misma línea, la Constitución también prevé la participación directa de los ciudadanos en el proceso de producción normativa, configurando al pueblo como actor de la iniciativa legislativa, mediante la presentación de 500.000 firmas. Este reconocimiento constitucional de la iniciativa legislativa popular permite instrumentar la directa participación del titular de la soberanía en la tarea de elaboración de las normas que rigen la vida de los ciudadanos, y asimismo posibilita la apertura de vías para proponer al poder legislativo la aprobación de normas cuya necesidad sea ampliamente sentida por el electorado, pero que, pese a ello, no encuentren eco en las formaciones políticas con representación parlamentaria.

La regulación constitucional de la iniciativa legislativa popular recoge, asimismo, las limitaciones propias de este instituto, derivadas de las enseñanzas históricas. De ahí que la Constitución Española, amén de excluir de la iniciativa popular campos normativos particularmente delicados, encomiende al legislativo la misión de regular, mediante ley orgánica, la forma concreta del ejercicio de la iniciativa popular.

Por otro lado, la ley orgánica 4/2006 antes mencionada, trata de recoger con la máxima fidelidad y sencillez el mandato constitucional, regulando el ejercicio de la iniciativa en forma tal que, respetando al máximo el papel institucional de los partidos políticos como órganos de manifestación de la voluntad popular e instrumentos fundamentales de la participación política, se canalice el ejercicio de la iniciativa con las máximas garantías. Así pues, quedan excluidas de la iniciativa legislativa popular no sólo las materias que lo están expresamente por obra del artículo 87.3 de la Constitución, sino también aquellas otras cuya iniciativa reguladora reserva la norma fundamental a órganos concretos del Estado.

La puesta en marcha del procedimiento exige que la Comisión Promotora presente ante la Mesa de la Cámara un texto articulado dotado de unidad sustantiva precedido de una exposición de motivos. Para evitar gastos y esfuerzos inútiles la Mesa realizará un examen de admisibilidad que, de ser negativo, podrá dar lugar a que la Comisión Promotora interponga recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Los parámetros de juicio de admisibilidad, además de los generales para todo Proyecto o Proposición de Ley, son los previstos en el artículo 5.2 que exige la adecuación de la iniciativa a las prescripciones constitucionales, que no verse sobre cuestiones manifiestamente distintas carentes de homogeneidad entre si y que no exista en el Congreso de los Diputados o el Senado un Proyecto o Proposición de Ley que verse sobre el mismo objeto de la iniciativa legislativa popular que esté en el trámite de enmienda, u otro más avanzado, o que la iniciativa sea reproducción de otra de contenido igual o sustancialmente equivalente presentada durante la legislatura.

Una vez admitida la proposición, se inicia el procedimiento de recogida de firmas, que se podrá realizar en los pliegos tradicionales, que podrán ir en castellano o, conjuntamente, con cualquiera de las lenguas cooficiales en los territorios del Estado; y también se podrán recoger las firmas por vía electrónica siempre que se garantice la voluntad auténtica del ciudadano que suscribe la iniciativa legislativa popular.

El plazo para la recogida de firmas es de nueve meses prorrogable por otros tres cuando concurra causa mayor apreciada por la Mesa del Congreso. La garantía de la regularidad del procedimiento de recogida de las firmas se encomienda a la Junta Electoral Central. Ello se debe a la relativa similitud entre el proceso electoral y el de recogida de firmas y cómputo de las mismas, así como a la infraestructura, que abarca la totalidad del territorio español, de que dispone la Junta Electoral Central. La inscripción del firmante en el Censo Electoral, que debe demostrarse acompañando certificación de la misma, obedece igualmente a las mismas razones que se dan en el proceso electoral, como son por ejemplo acreditar la capacidad del firmante y evitar una eventual multiplicidad de firmas por un mismo ciudadano. A los firmantes, por su parte, se les asegura el conocimiento del texto que apoyan mediante la obligación de que éste se incorpore a los pliegos de firmas, que son sellados y numerados por la Junta Electoral Central. En fin, el mecanismo de autenticación de las firmas se facilita considerablemente permitiendo a la Comisión Promotora que añada, a quienes habitualmente dan la fe pública, unos fedatarios especiales que pueden, con total libertad de movimiento, dedicarse en exclusiva a la labor de autenticación.

Recogidas las firmas exigidas, se inicia la tramitación parlamentaria. La Mesa de la Cámara deberá incluir la Proposición en el orden del día del Pleno para su toma en consideración en el plazo máximo de seis meses. En éste trámite, de acuerdo con las previsiones reglamentarias, se podrá contemplar la participación de una persona designada por la Comisión Promotora. El decaimiento de los trabajos parlamentarios en curso por disolución de las Cámaras, bien por finalización de la legislatura o disolución anticipada, no hace decaer la Proposición, pero la Mesa podrá retrotraerla sin que en ningún caso sea necesario presentar nueva certificación de haberse reunido el mínimo de firmas exigidas.

Por último, cabe mencionar la existencia de una compensación estatal por los gastos realizados, siempre que se alcance el número de firmas exigido para que prospere la iniciativa. Se han previsto las cautelas necesarias para que el Gobierno incluya las obligaciones de gasto en los Presupuestos Generales del Estado del siguiente ejercicio para las compensaciones económicas de las iniciativas legislativas que hayan alcanzado su tramitación parlamentaria.

4 TECNOLOGÍA

Según se ha expuesto en el apartado anterior, la Iniciativa Legislativa Popular ya prevé que se podrán recoger las firmas por vía electrónica siempre que se garantice la voluntad auténtica del ciudadano que suscribe la iniciativa legislativa popular. Pero el proceso en su conjunto es lento, costoso y farragoso. Algo que no sucedería con la implementación de las mejores técnicas disponibles.

El Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico (DNIe) es una oportunidad para acelerar la implantación de la Sociedad de la Información en España y situarnos entre los países más avanzados del mundo en la utilización de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, lo que, sin duda, redundará en beneficio de todos los ciudadanos. El DNI, emitido por la Dirección General de la Policía (Ministerio del Interior), es el documento que acredita, desde hace más de 50 años, la identidad, los datos personales que en él aparecen y la nacionalidad española de su titular. A lo largo de su vida, el DNI ha ido evolucionado e incorporando las innovaciones tecnológicas disponibles en cada momento, con el fin de aumentar tanto la seguridad del documento como su ámbito de aplicación. Con la llegada de la Sociedad de la Información y la generalización del uso de Internet se hace necesario adecuar los mecanismos de acreditación de la personalidad a la nueva realidad y disponer de un instrumento eficaz que traslade al mundo digital las mismas certezas con las que operamos cada día en el mundo físico y que, esencialmente, son:

– Acreditar electrónicamente y de forma indubitada la identidad de la persona.

– Firmar digitalmente documentos electrónicos, otorgándoles una validez jurídica equivalente a la que les proporciona la firma manuscrita.

Para responder a estas nuevas necesidades ha surgido el DNI electrónico (DNIe), similar al tradicional, y cuya principal novedad es que incorpora un pequeño circuito integrado (chip), capaz de guardar de forma segura información y de procesarla internamente. Para poder incorporar este chip, el DNI ha cambiado su soporte tradicional (cartulina plastificada) por una tarjeta de material plástico, dotada de nuevas y mayores medidas de seguridad. Esta nueva versión del Documento Nacional de Identidad, el DNI electrónico o DNIe, nos permitirá, además de su uso tradicional, acceder a los nuevos servicios de la Sociedad de la Información, que ampliarán nuestras capacidades de actuar a distancia con las Administraciones Públicas, con las empresas y con otros ciudadanos.

En la medida que el DNIe vaya sustituyendo al DNI tradicional y se implanten las nuevas aplicaciones, podremos utilizarlo para:

– Realizar compras firmadas a través de Internet

– Hacer trámites completos con las Administraciones Públicas a cualquier hora y sin tener que desplazarse ni hacer colas

– Realizar transacciones seguras con entidades bancarias

– Acceder al edificio donde trabajamos

– Utilizar de forma segura nuestro ordenador personal

– Participar en una conversación por Internet con la certeza de que nuestro interlocutor es quien dice ser

La tecnología existente nos permite efectuar transferencias o pagos seguros por medios electrónicos. Del dinero de plástico – las tarjetas de crédito y débito – hemos pasado al dinero electrónico en un abrir y cerrar de ojos. Ya se ha comenzado a efectuar transacciones económicas de pequeño volumen mediante smartphones

Al común de los mortales le preocupa muchísimo mas la seguridad de sus fondos que el destino de su voto en un proceso electoral. De ahí que los esfuerzos en dicha dirección hayan sido ingentes, tanto por parte de instituciones financieras como por parte de la industria tecnológica en general.

Pero, ¿qué tienen en común un proceso electoral o consultivo con una transacción electrónica? Pues lo esencial, la identificación personal fehaciente e inequívoca, así como la constatación de la voluntad del sujeto. En síntesis, la tecnología ya ha resuelto los problemas inherentes a la identificación y voluntad relativos a cualquier acción personal.

ANEXO 1

Extractos de la CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1.

1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.

3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.

Artículo 6.

Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

Artículo 9.

2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

TÍTULO I – De los derechos y deberes fundamentales

CAPÍTULO PRIMERO – De los españoles y los extranjeros

Artículo 13.

1. Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente Título en los términos que establezcan los tratados y la ley.

2. Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales.

CAPÍTULO SEGUNDO – Derechos y libertades

SECCIÓN 1.ª – De los derechos fundamentales y de las libertades públicas

Artículo 18.

4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.

Artículo 20.

1. Se reconocen y protegen los derechos:

d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.

Artículo 23.

1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.

2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.

Artículo 29.

1. Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley.

SECCIÓN 2.ª – De los derechos y deberes de los ciudadanos

CAPÍTULO TERCERO – De los principios rectores de la política social y económica

CAPÍTULO CUARTO – De las garantías de las libertades y derechos fundamentales

CAPÍTULO QUINTO – De la suspensión de los derechos y libertades

TÍTULO II – De la Corona

Artículo 62.

Corresponde al Rey:

c) Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución.

TÍTULO III – De las Cortes Generales

CAPÍTULO PRIMERO – De las Cámaras

Artículo 66.

1. Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado.

Artículo 68.

1. El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley.

3. La elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional.

5. Son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos.

La ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio de España.

Artículo 77.

1. Las Cámaras pueden recibir peticiones individuales y colectivas, siempre por escrito, quedando prohibida la presentación directa por manifestaciones ciudadanas.

2. Las Cámaras pueden remitir al Gobierno las peticiones que reciban. El Gobierno está obligado a explicarse sobre su contenido, siempre que las Cámaras lo exijan.

Artículo 79.

3. El voto de Senadores y Diputados es personal e indelegable.

CAPÍTULO SEGUNDO – De la elaboración de las leyes

Artículo 81.

1. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución.

Artículo 87.

1. La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras.

3. Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. En todo caso se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas. No procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia.

Artículo 92.

1. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos.

CAPÍTULO TERCERO – De los Tratados Internacionales

TÍTULO IV – Del Gobierno y de la Administración

Artículo 103.

1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

Artículo 105.

La ley regulará:

a) La audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten.

b) El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.

c) El procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado.

TÍTULO V – De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales

TÍTULO VI – Del poder judicial

Artículo 125.

Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales.

TÍTULO VII – Economía y Hacienda

Artículo 129.

1. La ley establecerá las formas de participación de los interesados en la Seguridad Social y en la actividad de los organismos públicos cuya función afecte directamente a la calidad de la vida o al bienestar general.

Artículo 130.

1. Los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y, en particular, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles.

TÍTULO VIII – De la Organización Territorial del Estado

CAPÍTULO PRIMERO – Principios generales

Artículo 139.

1. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado.

CAPÍTULO SEGUNDO – De la Administración Local

CAPÍTULO TERCERO – De las Comunidades Autónomas

Artículo 149.

1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:

1º. La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.

2º. Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo.

32º. Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum.

Artículo 150.

3. El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad.

TÍTULO IX – Del Tribunal Constitucional

TÍTULO X – De la reforma constitucional

DISPOSICIONES ADICIONALES

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DISPOSICION DEROGATORIA

DISPOSICION FINAL

Gaspar Llinares

Gisela Vilar

Roberto Ferrada

Anuncios