SOBRE LA CORRUPCIÓN POLÍTICA

corruptLa corrupción en la clase política viene ocupando las portadas de los medios de comunicación de forma creciente y sistemática. Es como una espiral que parece no tener límite, devorando hasta las más altas instancias, como es el caso de los últimos directores del FMI (Fondo Monetario Internacional). De hecho, es tal el impacto de los escándalos de corrupción política que los propios medios de comunicación están colaborando activamente al esclarecimiento de nuevos casos, merced a sus propias investigaciones privadas.

Si lo miramos bien, la novedad no está en la corrupción política propiamente dicha, sino en el hecho de que sea descubierta y aireada sin apenas importar la alcurnia de los presuntos impostores. Así como en el hecho de que estos sean juzgados y en muchos casos condenados, dando con sus huesos en la cárcel. Pues si rastreamos la historia nos encontramos con todo tipo de hechos delictivos y abusos relacionados con el ejercicio del poder político. La mayoría de ellos amparados por la más absoluta impunidad.

Los juicios de Núremberg –Nürnberg–, tras la II Guerra Mundial, inauguraron el fin de la impunidad de los estadistas y gobernantes. Hasta entonces solían salir indemnes de las más abyectas atrocidades. El nivel de exigencia a la clase política ha sido tradicionalmente mayor en las democracias de corte occidental, si bien ha ido experimentando una cada vez menor tolerancia ante las injusticias, corruptelas y delitos favorecidos o cometidos por las clases gobernantes. Actualmente, en las sociedades occidentales la tolerancia es prácticamente cero.

Obviamente, el político corrupto lo es por un doble motivo: insuficiente integridad unida a la ausencia de miedo a ser detectado. La persona realmente íntegra, cualidad alimentada por profundas convicciones internas, no caerá fácilmente presa de las tentaciones que genera el poder, incluso si recibe presiones de su entorno familiar y social. Su motivación para la acción política es el servicio público, la búsqueda del interés general y el bien común.

La existencia de los denominados “políticos profesionales”, esto es, personas que siempre han vivido de sueldos provenientes de cargos políticos, no favorece ni la integridad ni la incorporación de los mejores activos de la sociedad a la vida pública. Estos profesionales de la política necesitan imperiosamente un sillón público, dado que no conocen otra forma de ganarse la vida. No se trata de acusar a este colectivo de corrupción, sino de poner de relieve que son un caldo de cultivo inmejorable para actividades de incierta integridad.

Y estos profesionales de la política medran en la medida que el sistema posibilita o incluso favorece la existencia de formaciones políticas con escasa democracia interna, como ocurre en demasiados lugares. De este modo, una vez alcanzada la cumbre, a un líder político le resulta muy sencillo encastillarse, mantenerse contra viento y marea. Solo tiene que ejercer su poder cuasi absoluto y legal, y apoyarse en los citados profesionales de la política, que para eso están, para decir “sí, bwana” al preboste de turno a cambio de asegurar un salario para ellos irrenunciable.

Como hemos mencionado anteriormente, el miedo a ser detectados es un factor primordial en la prevención de comportamientos corruptos o delictivos. La tecnología ha dificultado en gran medida la ocultación de actividades ilícitas, incluida la corrupción política, como evidencia el escandaloso número de imputados en juicios. Es importante que haya un factor disuasorio ante todo tipo de delitos, a la vez que es evidente que siempre habrá impostores que lo intenten todo con tal de satisfacer sus ambiciones crematísticas, su avaricia sin freno.

Por otra parte, es difícil entender la existencia de paraísos fiscales, así como la opacidad fiscal de determinados estados, reticentes a facilitar o cruzar sus datos fiscales. Por no hablar de los pactos fiscales secretos entre estados -como Luxemburgo- y grandes multinacionales. Todo esto facilita la corrupción y la delincuencia a gran escala en general. Pues son las propias democracias occidentales las que posibilitan e incluso favorecen la existencia de dichos paraísos fiscales, si bien a espaldas de sus ciudadanos. Un claro ejemplo lo constituyen Gibraltar o las islas del Canal de la Mancha, bajo soberanía británica, sin cuya tolerancia dichos paraísos fiscales serían inviables.

Obviamente, en esta ecuación hay un factor que no hemos mencionado todavía: el papel de las oligarquías económicas. Son las que tienen intereses offshore, las que creen indispensable la existencia de paraísos fiscales que hagan factibles sus rocambolescas entelequias de ingeniería financiera y fiscal. Por supuesto, contra los intereses de la ciudadanía y la sociedad en general, a la que desde tiempo inmemorial han pretendido sojuzgar y expoliar, apoderándose de las voluntades de los políticos mediante su compra, labor sencilla cuando estos son profesionales de la política. Pero su tiempo se acaba, irremediablemente. Tendrán que acomodarse a las nuevas reglas del juego: todos somos iguales ante la ley. Reglas enunciadas hace siglos, pero que es ahora cuando comienzan a hacerse realidad.

En definitiva, es necesario ir transformando el sistema en una doble dirección: prevención y disuasión del delito por un lado, así como generación de candidaturas políticas por meritocracia, por personas que deseen ofrecer a la sociedad su experiencia y cualidades contrastables, en lugar de la habitual cooptación entre profesionales de la política que se limitan a aspirar a obtener un salario que difícilmente obtendrían en el mercado libre sin ofrecer prácticamente nada a cambio.

Gaspar Llinares

Ingeniero Industrial

PDG, IESE Business School

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